De acuerdo con el World Resources Institute (WRI) actualmente más de 1.000 millones de personas viven en regiones con escasez de agua y hasta 3.500 millones podrían sufrir escasez de agua en 2025.
Ese mismo organismo señala que el 25% de la población global vive en países que enfrentan un gran problema de sobreexplotación y estrés de los mantos freáticos, por lo que sus predicciones indican que para el año 2030 únicamente el 1% del PIB mundial será capaz de garantizar el acceso al agua para la población.
Este problema se ve agravado en razón del cambio climático, ya que se intensifican las inundaciones o sequías, los patrones de precipitación cambian y los niveles del mar aumenta, de hecho, entre 1995 y 2010 el 90% de los desastres naturales en el mundo estuvieron relacionados con el agua o el calor.
Diversos estudios realizados por el WRI conforme a nuevos modelos hidrológicos indican que los niveles de extracción de agua prácticamente se han duplicado desde la década de los 60s y las tendencias no parecen revertirse.
Así, elaboraron un ranking de los países con mayor estrés hídrico, en el cual México ocupa el lugar 24 en la categoría de “alto estrés” tal como se puede apreciar en la siguiente imagen:
Fuente: World Resources Institute. https://www.wri.org/insights/17-countries-home-one-quarter-worlds-population-face-extremely-high-water-stress
Esos datos son un promedio, pero si observamos los datos por región, podemos percatarnos de que existen algunas zonas del país que están sometidas a un estrés hídrico extremo, tal como se puede apreciar la zona centro, incluyendo la Ciudad de México, estarían en este supuesto, lo que implica que este fenómeno supera el 80%.
Fuente: World Resources Institute. https://www.wri.org/insights/17-countries-home-one-quarter-worlds-population-face-extremely-high-water-stress
A la misma conclusión llegan otros organismos de carácter nacional, pues de acuerdo con el Observatorio de Seguridad Hídrica la Ciudad de México se encuentra en estado crítico en cuanto a abastecimiento urbano.
Nuestra entidad es el tercer estado con mayor estrés hídrico en todo el país con el 4.9, es así que de acuerdo con la ONU la capital podría llegar al “Dia Cero” de agua en 2028, es decir, en tan solo 7 años.
El “Día Cero” implica que el suministro libre de agua termina y el acceso al líquido comienza a ser racionado.
Además, lo anterior es particularmente grave si tomamos en cuenta que el consumo promedio de agua per cápita en la urbe está entre los 180 y 200 litros, aunque es una realidad que en diversas Alcaldías del oriente como Tláhuac e Iztapalapa este número está por debajo de 100 litros al día, lo que refleja una gran desigualdad en cuanto al acceso de agua potable.
En entrevista, Judith Dominguez, Coordinadora del Observatorio y profesora investigadora del COLMEX afirmó que “La red de agua ya es muy vieja y se pierde alrededor del 40% del agua en fugas antes de llegar al consumidor”[1]. En el mismo sentido indicó que el consumo de agua en México durante COVID-19 ha aumentado en un 30%.
Recientemente hemos visto que en la Zona Metropolitana del Valle de México se han intensificado las lluvias, a tal grado que dieron origen a inundaciones graves que en algunos casos cobraron vidas, pareciera contradictorio que por un lado sufrimos por inundaciones al mismo tiempo que enfrentamos escasez del vital líquido, ¿Cómo podemos explicar esta situación?
Según escribe Jocelyn Soto, colaboradora de la Asociación Greenpeace:
“El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) envía 32,100 litros de agua potable cada segundo, de los cuales el Sistema Cutzamala provee al Valle de México 32%; el otro 68% se obtiene de vías subterráneas y pozos. Aunque 32 mil litros parecen mucho, en realidad no es suficiente para abastecer a más de 21 millones de habitantes que requieren agua diaria para sus necesidades básicas de higiene y alimentación.
La recarga total de agua de los acuíferos de la cuenca del Valle de México es de cerca de 25m3 por segundo; no obstante, lo que se extrae en realidad equivale a 55m3 por segundo. Esto quiere decir que lo que se recarga es menos del 50% de lo que se usa, lo que genera un déficit de 800 millones de metros cúbicos de agua por año para la población.”[2]
*Énfasis añadido
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante esta problemática muchos países del mundo y particularmente en algunas partes de nuestro país se están tomando medidas para revertir estas tendencias, aunque no cabe duda que las mismas deben ser reforzadas si queremos alcanzar lo propuesto por la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 se denomina “Agua limpia y saneamiento” tiene entre sus metas específicas algunas de las siguientes:
“6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.
6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.”[3]
Es en ese sentido que algunas de las alternativas para enfrentar este problema es impulsar el tratamiento y el reúso de agua, retomando de nuevo lo expuesto por la Coordinadora del Observatorio de Seguridad Hídrica: “En Ciudad de México, esta práctica se realiza poco, mientras que en Monterrey se trata el 95% del agua residual y se vende para uso industrial. Es indispensable tener en mente esta medida, así como dejar de usar agua potable en actividades que no lo requieren, como el lavado de coches y la industria”3.
Por supuesto que se requiere pensar de forma integral para plantear soluciones a este tema, estoy convencida que los gobiernos locales y las comunidades juegan un papel importantísimo en la consecución de estas acciones, porque si logramos involucrarnos a fondo en un esquema de corresponsabilidad las pequeñas acciones se irán multiplicando hasta hacer una enorme diferencia.
Es por esto que la presente iniciativa tiene como fin establecer como obligación para las alcaldías de destinar de manera anual un porcentaje de los recursos del área administrativa encargada de las cuestiones ambientales para la implementación de sistemas ahorradores de energía y agua, así como el aprovechamiento de materiales, la integración de ecotécnicas y sistemas de captación de agua de lluvia; así como el desarrollo de azoteas y áreas verdes verticales.
Si bien la Ley Orgánica de Alcaldías ya prevé la obligación de llevar a cabo estas acciones la realidad es que muchas veces no se cumple, bajo el argumento de la falta de recursos, por lo que al estipular de manera expresa que se debe prever esto en sus respectivos presupuestos pretendemos que no haya pretextos y dotar de herramientas a los gobiernos locales para ejecutar este tipo de proyectos.
Además, convencida de que las personas en lo individual y a nivel colectivo tenemos mucho que aportar esta reforma también tiene por objeto hacer obligatorio que las Alcaldías implementen programas sociales y acciones institucionales tendientes a fomentar en la población esta conciencia ambiental, además de facilitar el acceso a capacitaciones, materiales o técnicas que les permitan poner en marcha estos proyectos desde su hogar o negocio.
CONVENCIONALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL
Que el 12 de mayo de 1981 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y se promulgó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entrando así en vigor para el país.
SI bien, este trato no reconoce expresamente el derecho al agua, en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobó su Observación general Nº 15 sobre el derecho al agua, subrayó que este derecho forma parte del derecho a un nivel de vida adecuado, al igual que los derechos a disponer de alimentación, de una vivienda y de vestido adecuados porque es una de las condiciones más fundamentales para la supervivencia. El Comité también subrayó que el derecho al agua está indisolublemente asociado al derecho a la salud y a una vivienda y una alimentación adecuadas.
De lo anterior se desprende que existe una obligación internacional para el Estado Mexicano de garantizar el derecho que tienen todas las personas al acceso y saneamiento del agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
Relacionado con lo anterior, el ámbito regional tenemos que en 1996 el Estado Mexicano ratificó el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales denominado “Protocolo de San Salvador” mismo que reconoce los derechos a un medio ambiente sano, la salud, y a la alimentación.
Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho que tienen todas las personas al acceso, disposición y saneamiento del agua en los términos siguientes:
Artículo 4°.- …
…
…
…
…
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 50 Bis A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÚNICO. Se adiciona un artículo 50bis a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para quedar como sigue:
Artículo 50bis. Para dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 49 y 50 de esta Ley, el Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar de manera anual en el presupuesto de las Alcaldía un porcentaje suficiente y progresivo de recursos al área administrativa encargada de las cuestiones ambientales en la demarcación correspondiente, a fin de que sean ejecutados en los proyectos antes referidos.
Asimismo, cada administración deberá plantear, o en su caso dar continuidad, a programas sociales o acciones institucionales tendientes a incentivar y fomentar en la población la implementación de sistemas ahorradores de energía y agua, el aprovechamiento de materiales, la integración de ecotécnicas, sistemas de captación y saneamiento de agua de lluvia, la creación de azoteas verdes y áreas verdes verticales, entre otras que permitan aumentar los beneficios ambientales en la demarcación.