El Congreso de la CDMX aprobó el dictamen al Punto de Acuerdo presentado por la diputada panista Gabriela Salido, en el que solicita a las autoridades de Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Instituto Federal de Comunicaciones (IFT) informen sobre los Títulos de Concesión para la Instalación de Red de Telecomunicaciones.
“La instalación y operación de antenas que no cumplen con las disposiciones jurídicas en la materia no es tema nuevo; ya desde hace varios años se ha intentado regularizar esta situación”, señaló la legisladora.
No obstante, añadió la legisladora, en los últimos meses vecinas y vecinos de las Alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo manifestaron que no tenían la certeza de si este tipo de infraestructura que se encuentra cerca de sus hogares opera conforme a derecho.
La instalación de estas estructuras es un procedimiento coordinado, donde confluyen tanto autoridades federales como locales, siendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la instancia que antaño otorgaba las concesiones.
Con la reforma constitucional se trasladó la responsabilidad al Instituto Federal de Comunicaciones, en tanto que las Alcaldías reciben el aviso de manifestación de obra para avalar su colocación y emiten la autorización.
Es menester que las autoridades federales, subrayó Salido Magos, expliquen cuál es el procedimiento técnico para determinar dónde puede instalarse dicha infraestructura y que remita un listado de la ubicación de cada antena, cuándo se instaló, la temporalidad de la concesión y las condiciones bajo la cuales se otorgó.
El dictamen de referencia plantea que los titulares de las Alcaldías en Azcapotzalco y Miguel Hidalgo informen al pleno del Congreso cuántas licencias de construcción especiales para instalar antenas se tienen autorizadas en sus demarcaciones, así como la ubicación de las mismas.
“Esta información nos permitirá tener la certeza respecto de la situación jurídica de las antenas instaladas, y cuáles son, más bien, monumentos a la ilegalidad a la vista de todas y todos; la intención sería hacer cumplir la ley, en los casos que sea necesario, y que las Alcaldías puedan ordenar el retiro de manera inmediata de todas aquellas que no cuenten con los permisos y requisitos establecidos en las diversas disposiciones normativas”, concluyó.