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Ante la ola de información generada alrededor de las torres del conjunto habitacional “Ciudad del Bienestar”, asentada en la zona de Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo; la panista Gabriela Salido exhortó a diversas autoridades, entre ella, la Jefatura de Gobierno, SEDUVI y al Instituto de Vivienda (INVI), para que hagan pública la información en su poder relacionada con este proyecto, a fin de dar a conocer a la ciudadanía la documentación y las acciones relacionadas con el proyecto.

“Como ya lo he señalado en ocasiones anteriores – puntualizó Salido Magos –, en esta, como en otras acciones emprendidas por el Gobierno CDMX, es clara la omisión de las autoridades competentes en los proyectos, lo que genera la sistemática opacidad a la que esta administración pretende acostumbrarnos.”

“Desafortunadamente – añadió –, la experiencia y el inminente riesgo no nos permite hacer caso omiso ante estas situaciones, pues recordemos lo sucedido en la Línea 12 del Metro, pero en esta ocasión, se suma la ejecución de recursos que corresponden al SAC Tacubaya, dinero que fue recuperado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.”

En ese orden de ideas, la diputada Salido Magos explicó que, el derecho a la buena administración es una obligación de todas las autoridades y en este caso es necesario dar certeza a todas las personas involucradas, por lo que anticipó acciones en dos vías.

La primera en favor de la transparencia, a través de un exhorto desde el pleno del Congreso, para que las autoridades involucradas hagan públicos los expedientes de su competencia, pues dando a conocer la información como lo marca la Ley se evitaran distintas versiones, y se estará en posibilidad de evaluar objetivamente el actuar de cada servidor público involucrado.

En segundo lugar, la legisladora presentará una denuncia ante la Contraloría para que las autoridades relacionadas con dicho desarrollo que hayan sido omisas durante la planeación y ejecución puedan rendir cuentas y deslindar responsabilidades.

Cabe señalar que, de acuerdo con medios de comunicación, se hizo público que, desde inicios de mes de marzo del presente año, una empresa privada y autoridades del Gobierno Central, laboran en el predio que ocupa el conjunto habitacional, ante la presunción de que existe riesgo estructural en las torres que ocupan el predio donde se ubica el conjunto y, por el contrario, la propia jefatura de gobierno ha negado dicho riesgo, lo que ha generado incertidumbre entre la ciudadanía.

Ante esto, Gabriela Salido concluyó “ambas acciones abonarán a la transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo, debemos evitar que sea un precedente más en el cual la opacidad del gobierno cobre la factura a la ciudadanía, con su patrimonio, o incluso con su seguridad o su vida”.

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