Con el propósito de conocer el corte que se tiene en materia jurídica del parque Reforma Social y todo el proceso jurídico que se lleva desde la Consejería Jurídica de la Ciudad, el día de hoy se efectuó una reunión técnica de trabajo con la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, presidida por la diputada Gabriela Salido Magos, el consejero jurídico, Vicente Lopantzi García y vecinos de la alcaldía de Miguel Hidalgo.
La también integrante del Grupo Parlamentario del PAN dijo a los vecinos que “pueden tener la certeza de que seguiremos impulsando desde el Congreso de la Ciudad, la revisión de los linderos, siempre ha habido una preocupación de los legisladores y gobiernos en turno de los ocho años que se llevan de lucha por mantener y clarificar el estatus del Parque Reforma Social”.
Añadió que este tema es uno de los trabajos “que nos hemos puesto como objetivo en este Congreso, creo que a diferencia de otras legislaturas y de otros momentos hoy se ha encontrado la coincidencia con otras fuerzas políticas respecto a la necesidad de defender el parque en reconocimiento a la organización vecinal”.
Al hacer uso de la palabra la diputada de MORENA, Martha Ávila Ventura señaló que este espacio está considerado como propiedad privada con uso de suelo de área verde por lo que no se permite generar construcciones, y es lo que defenderán, “los espacios públicos hay que defenderlos, hay una lucha histórica cada día de nuestros espacios públicos que han sido ocupados, tenemos que luchar por rescatarlos”.
Agregó que “las acciones encaminadas a recuperar el parque son de sumo interés público al representar éste, un bono en la calidad de vida de la demarcación, por lo que el compromiso de este nuevo gobierno es dar seguimiento puntual para la defensa del predio con el gobierno federal y esta Comisión que tendrá que dar seguimiento puntual para lograr el rescate de este pulmón”.
Para hablar de la parte jurídica Vicente Lopantzi García, consejero jurídico de la Ciudad de México, reseñó el estatus del último juicio que se lleva sobre el parque Reforma Social e hizo un recuento de todo lo que ha sucedido desde la expedición de aquel decreto en 1977 hasta el día de hoy.
La conclusión a la que se llegó es que hoy día hay una verdad legal, el terreno es propiedad privada que fue declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que se tiene otra evidencia que indica que una porción del terreno es propiedad federal, que en términos del programa delegacional es área verde, no se puede construir aún siendo de propiedad privada, por lo que el dueño inició en 2013 un juicio de amparo para que se le dé un uso de suelo diferente.
Por lo que las dos únicas salidas que tiene el conflicto son: una adquisición vía derecho privado de compra venta, o derecho público mediante la expropiación. En caso de decidirse a la compra-venta sería una negociación entre el gobierno federal y el propietario; mientras que si se decide por la expropiación, se tiene que dar derecho de audiencia a quien hoy día tiene reconocida la propiedad.