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Se presenta ante el pleno del Congreso de la Ciudad reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, a través de la cual se asigna a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México la facultad de autorizar, registrar, certificar y supervisar los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS).


Con esta propuesta, de acuerdo a lo expuesto por la legisladora panista Gaby Salido, se atiende a la recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México al Congreso capitalino, para armonizar la legislación local, tal como lo señala en Informe Especial: sobre niñas, niños y adolescentes CAIS San Bernabé. Señaló la legisladora, que es importante realizar la propuesta legislativa, pues aunque no coincide con el informe ni lo detallado en la labor, hoy cuestionada de la comisión en este caso, tema que fue discutido en la tribuna del Congreso en semanas pasadas


“La intención de esta iniciativa no es generar debate, sino reflexionar sobre estas facultades que hoy podrían marcar una diferencia y en efecto evitar que casos como el de San Bernabé se vuelvan a repetir; pues no sólo se afecta a niñas y niños; sino que la afectación y el daño a la sociedad es invaluable, pues atenta directamente contra la primera infancia de quienes hoy son y serán el futuro de nuestra ciudad.”


En ese orden de ideas, se destacó que la labor legislativa está encaminada a formar el tejido social que permita la construcción de ciudad a mediano y largo plazo; de ahí, que las leyes deben considerar la protección más amplia en materia de derechos humanos, para garantizar la formación adecuada de las personas.


Entendiendo a la familia como pieza clave en la construcción de sociedades y a la niñez como etapa inicial de desarrollo del ser humano que va a determinar el porvenir en su vida personal y su vida en sociedad, es de suma evitar desde esa etapa que la formación de futuros ciudadanos sea deficiente, con malos tratos y abusos; mismos que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son factores de riesgo.


Para aquellos infantes que por alguna causa no es posible el desarrollo dentro del seno familiar; es el Gobierno el responsable de garantizar el ejercicio de esto derechos en las mejores condiciones, estos evitando estos factores de riesgo.


Estando como institución sujeta de responsabilidades administrativas, además de que se genera una obligación moral y legal de otorgar los mejores tratos y condiciones a todas estas niñas y niños.


“En el papel y la Ley, todo se escucha muy bien; sin embargo, hemos sido testigos de los lamentables acontecimientos en fechas recientes, en el CAIS San Bernabé, sobre las denuncias de maltrato a menores.”


Por lo que subrayó, que es momento de actuar y ejercer las funciones que han sido encomendadas al Congreso, atendiendo a la recomendación hecha al respecto por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.


“No podemos esperarnos a que las autoridades pongan cartas en el asunto y terminen las investigaciones; debemos realizar los ajustes necesarios a las leyes, para garantizar la supervisión y operación de estos centros, buscando siempre las mejores condiciones para las y los menores.” Concluyó.

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