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Derivado de la cancelación del permiso a una de empresa que participó en el proceso para el otorgamiento de un permiso anual de operación de bicicletas sin anclaje, la diputada Gabriela Salido Magos exhortó a Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad, a que adopte las medidas necesarias para brindar alternativas a los usuarios del Sistema de Transporte Público Individual.

Con la salida del mercado de una compañía que reportaba más de diez mil servicios al día en las colonias con más viajes de origen y destino, es altamente probable una afectación a los usuarios, así como un retroceso en los esfuerzos de esta ciudad para fomentar el uso de alternativas de movilidad no motorizada, argumentó.

“Parece que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México antepusieron la recaudación al beneficio colectivo, esto con procesos discrecionales; esta falta de visión no va a cubrir la necesidad de transporte que el Gobierno no ha logrado subsanar”, espetó.

La legisladora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, recordó que la semana pasada, Semovi anunció que una empresa dejaría de operar como consecuencia de la falta de pago por la contraprestación que ofertó.

La compañía aludida, describió Salido Magos, cuenta con más de 310 mil usuarios, y de acuerdo al último proceso de asignación, ésta operaría con dos mil 400 unidades, representando casi 50 por ciento de las bicicletas que dejarían de funcionar en la ciudad de México.

Recordó que en febrero de 2016 se puso en marcha el primer sistema de bicicletas públicas de América Latina, llamado Ecobici, brindando servicio en las colonias Cuauhtémoc, Juárez, Roma Norte, Hipódromo Condesa y Condesa, a través de 85 ciclo estaciones, con un padrón de aproximadamente 170 mil usuarios y con un servicio disponible en 55 colonias.

Ante un Sistema de Transporte Público rebasado, y como respuesta al incremento de usuarios de un sistema de movilidad novedoso, en 2018 llegaron a México los primeros sistemas de bicicletas públicas sin anclaje, buscando replicar la operación que tenían en más de 200 ciudades del mundo.

La salida del mercado de una empresa de transporte alternativo no sólo afecta a sus más de 300 mil usuarios, sino a centenares de familias, por la pérdida de empleos, concluyó la legisladora.

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