La panista Gabriela Salido, diputada en el Congreso de la Ciudad de México, advierte que, de aprobarse dicha propuesta, se afectará la estructura vigente de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de los jóvenes.
“Razón por la cual, explicó, hago un llamado para que, desde este Congreso de la Ciudad de México, se exhorte al titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, a fin de garantizar estos derechos y evitar fusionar órganos desconcentrados como unidades administrativas al amparo de la austeridad.”
“Llamado que debe extenderse a los integrantes de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Gobernación y Población, quienes serán los encargados de revisar y en su caso aprobar la citada propuesta, la cual vulnera los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales, en especial, de las niñas, niños, adolescentes y adolescentes.”
Lo anterior, al referirse de forma particular a la intención, tal y como lo establece el documento presentado por el Ejecutivo, de trasladar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, como Unidad Administrativa; así como trasladar al Instituto Mexicano de la Juventud (INJUVE), organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría del Bienestar, como Unidad Administrativa, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Ejemplo de lo anterior es que, tanto el SNDIF, como el Sistema Nacional de Protección Integral, llevan a cabo tareas distintas, una promueve los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la otra – SIPINNA – ejecuta acciones para la garantía y protección de los mismos, es decir, se complementan entre sí.
En este sentido, convertir al SIPINNA en una unidad administrativa del SNDIF podría dejarle sin capacidad de operación, además de ser contrario a los derechos reconocidos tanto en la Constitución, leyes y tratados internacionales, de este grupo, vulnerando con ello la obligación de las autoridades de preponderar ante todo el interés superior de la niñez, todo bajo un el argumento de reducir el gasto de gobierno.
Otro ejemplo de los cambios que se proponen es la trasladar al Instituto Mexicano de la Juventud (INJUVE), organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría del Bienestar, como Unidad Administrativa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), sin embargo, las tareas de esta última se abocan a temas relacionados con la oferta laboral, la capacitación y adiestramientos para todas las personas mayores de edad.
Mientras que dentro de las atribuciones conferidas al INJUVE está la de realiza reacciones en beneficio de los jóvenes a fin de impulsar el desarrollo de los mismos, abarcando aspectos de salud, educación, trabajo, así como de derechos sexuales y reproductivos, y en general cuestiones para el desarrollo integral de los mismos. Por lo que la integración del Instituto a la Secretaría limitaría el actuar del instituto.
“Hace ya tiempo que es momento de decir basta, basta a la fallida política de austeridad, que no es más que un discurso que busca ganar simpatías y con ello votos, estamos cansados de escuchar que quitar o reducir presupuesto para acciones salvará a este país, cuando en realidad nos acerca cada vez más a un aparato de gobierno incapaz de atender las necesidades de las personas; con esta propuesta se afectan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo que significa atentar contra el futuro de este país.”