Ante el actual escenario en el cual, el desarrollo inmobiliario está privilegiado de manera discrecional por el Gobierno de la Ciudad, la panista Gabriela Salido, plantea una modificación del artículo 90 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a fin fortalecer el mecanismo de mediación entre desarrolladores y personas vecinas ante conflictos derivados de las obras de construcción.
En la práctica, existen reuniones y mesas de concertación ante la alcaldía competente, para poder exponer con vecinos y el constructor el alcance de las medidas de integración, en el caso de existir dictamen de impacto urbano que obligue a realizarlas, sin embargo, el resultado de dichas reuniones puede darse como acuerdo entre las partes y hacer exigible por otra vía las obras o acciones señaladas.
En este sentido, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, se habla de que la mediación es un método de gestión de conflictos para la solución controversias entre particulares.
“Por lo que el objetivo de la presente iniciativa es que, las personas mediadoras debidamente acreditadas ante el Centro de Justicia Alternativa de esta ciudad, puedan intervenir en los procesos en los que se deban acordar entre personas desarrolladoras y personas vecinas, la ejecución de obras derivadas de un Dictamen de impacto urbano o impacto urbano ambiental”, explicó Salido Magos.
Lo anterior, bajo la premisa de que las personas que realiza esta función han sido debidamente capacitadas para llevar a buen puerto procesos en los que se necesiten generar acuerdos, para evitar conflictos que deriven en la apertura de procesos judiciales, siempre atendiendo la salvaguarda de los derechos de las partes, entre ellos el derecho a una ciudad habitable; considerando que en múltiples ocasiones el ánimo no genera un ambiente favorable para la concertación.
“No existe duda que el crecimiento urbano, actualmente es mal gestionado, puntualizó Gabriela Salido, pues en lugar de generar nuevos centros urbanos que generen desarrollo económico y social, se intenta densificar territorios que apenas toleran su actual grado de densidad poblacional, ejemplo claro de esto son los 7 zonas y 23 corredores que el Gobierno de esta ciudad ha establecido para su desarrollo.”
De acuerdo a especialistas, las consecuencias del crecimiento urbano no planeado, se traduce, entre otros, en problemas ante la carecía del desarrollo de proyectos que capaces de encontrar congruencia entre las políticas institucionales, los cambios tecnológicos y las redes de infraestructura urbana y de servicios.
Lo que se traduce en un mayor número de zonas con vulnerabilidad urbana pues, el crecimiento espontaneo genera mayores carencias en cuanto a la prestación de servicios y la instalación de equipamiento e infraestructura, volviendo a la mediación un instrumento necesario para realizar la conciliación entre los nuevos desarrollos y colonos de las zonas que se verán afectadas, estableciendo bases para una mejor convivencia ente quienes lleguen a ocupar estas construcciones y quienes ya residen ahí.
“Por esta razón es que considero que esta propuesta que fue turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, será analizada considerando todos los aspectos que envuelven al desarrollo, mismo que de origen es, por supuesto, necesario para beneficio de nuestra ciudad y nuestro país, lo que no justifica de ninguna manera que este se realice de forma desordenada o vulnerando el derecho a una ciudad habitable”, finalizó Gabriela Salido.