Congreso de la Ciudad analizará en comisiones propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano, para establecer claramente la ruta que la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana deberá seguir para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa ante la abstención o bien emisión de opiniones condicionadas por parte de personas servidoras públicas, en materia de solicitudes de cambio de uso de suelo en predios.
El texto de esta ley, hoy es claro, dictando que las personas servidoras públicas señaladas en el artículo 42 fracción segunda e involucradas en este proceso, deberán emitir sus opiniones en sentido favorable o desfavorable, estando prohibido abstenerse de emitirlas o bien de emitir opiniones condicionadas.
“Sin embargo es necesario cerrar el círculo y establecer desde la propia Ley procesos sencillos que abonen a clarificar la ruta por medio de la cual esta soberanía deba comenzar el proceso de responsabilidad administrativa mencionado”, explicó la legisladora.
La propuesta de reforma plantea la inclusión de la siguiente redacción: la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana notificará a la Mesa Directiva del incumplimiento por parte de la persona servidora pública de que se trate, a fin de que la Presidencia de la Mesa, dé vista a la Secretaría de la Contraloría para los efectos conducentes.
Cabe señalar que las personas servidoras públicas a las que se refiere el artículo citado de la Ley de Desarrollo Urbano son: El titular de Desarrollo Urbano y Vivienda; de la Secretaría de Medio Ambiente; el Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; El titular de la Secretaría de Obras y Servicios; de la Secretaría de Movilidad; de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, El titular de la alcaldía de que se trate, así como al titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.
Tomando en cuenta la relevancia del tema para el desarrollo de esta ciudad, esta reforma abona a evitar se presenten casos de evasión de responsabilidad, como fue el caso del entonces alcalde en Miguel Hidalgo en la administración 2018-2021, quien emitió opinión a través de un tercero contratado y remitió dicho documento al Congreso, firmado por un director general, eludiendo desde cualquier perspectiva su responsabilidad, quedando asentado en los dictámenes de modificaciones a uso de suelo en las colonias Granada y Ampliación Granada en esa alcaldía.
“De esta forma, señaló Salido Magos, al regular el proceso y camino a seguir por este Congreso para hacer efectivo el texto vigente, se abona a que las modificaciones que se conozcan por esta soberanía, sean siempre transparentes y de cara a la ciudadanía.”
“Apoyando la idea de que toda modificación cuente con todos o por lo menos el mayor número de elementos técnicos en diferentes materias, a fin de tomar una determinación de la viabilidad de modificar o no un uso de suelo de un impacto de consideración no solo para una zona o colonia, sino para la transformación de la ciudad”, concluyó.