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En aras de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para prevenir contagios ante el regreso a las actividades en comercios y empresas, la panista Gabriela Salido propone exhortar al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) para que considere incluir en los servicios que presta, las pruebas de detección de COVID-19 al personal que reanuda labores.

Así como al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que favorezcan hacer deducibles al 100 por ciento los impuestos que gravan las pruebas de detección a los patrones, que sin estar obligados a realizar estas pruebas de detección a sus trabajadores, tienen la intención de hacerlo.

“Es decir, subrayó, tiene que quedar claro que no estamos pidiendo que el gobierno pague por más pruebas, sino que tome en consideración que las personas trabajadoras y patrones ya pagan por ese servicio a través de la cuotas obrero patronales al IMSS.” Lo anterior conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la ejecución gradual hacia la nueva normalidad.

Dicho documento, que fue publicado en pasado junio en la Gaceta Oficial, establece entre otros, que las personas físicas o morales que reanuden operaciones conforme al color del semáforo y tengan una plantilla laboral de 30 o más personas, deberán realizar y asumir los costos de pruebas de detección de COVID 19 a por lo menos el 5% de sus trabajadores.

“En Acción Nacional hemos exigido desde hace mucho la aplicación de pruebas, pero definitivamente estamos en contra de que sean las pequeñas y medianas empresas quienes deban asumir esos costos”, aclaró la congresista.

Considerando que en promedio las pruebas de detección de COVID-19 oscilan entre los 1 mil 300 a 4 mil 500 pesos, una pequeña empresa tendría que pagar de 10 mil 400 a 36 mil pesos para cumplir con los lineamientos, que además establecen que las pruebas deberán realizarse cada semana, o cada dos, dependiendo las condiciones de distancia que se tengan en las instalaciones laborales.

“Todas y todos sabemos, añadió, que las MiPyMes son el pilar de nuestra economía y si tomamos en consideración la situación tan complicada que han pasado en los últimos meses, resulta poco sensible y hasta irresponsable imponerles esta carga económica extra, cuando en muchos casos apenas y pueden pagar rentas o salarios e incluso algunas se fueron a la quiebra.”

En ese mismo sentido, la propuesta contempla que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México celebre convenios de colaboración con laboratorios privados a fin de que se otorguen costos preferenciales a las personas físicas y morales que reanudan actividades.

“Considero que estas estrategias podrían traer beneficios para regularizar esquemas de inscripción de trabajadores ante el IMSS, además de abonar a disminuir la curva de contagios y potencialmente salvar cientos o miles de vidas, al mismo tiempo que contribuye a la estabilización económica de pequeñas y medianas empresas que urgen apoyos para continuar trabajando.”

Sin embargo, es importante señalar que la propuesta fue turnada comisiones para su análisis, “lo que muestra una vez más, señaló Salido Magos, que para Morena en el Congreso de la Ciudad no es urgente apoyar a las empresas, solo la discusión de temas frívolos que no atienden de forma efectiva las consecuencias de esta crisis”, concluyó.

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