La diputada Gabriela Salido Magos del PAN solicitó se abrogue la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, extinguiendo con esto el INVEA.
En concordancia a lo establecido por la Constitución de la CDMX, en su artículo 59, que señala que “es facultad exclusiva del titular de la Alcaldía el vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano.”
Salido Magos afirmó que hasta el día de hoy y desde hace 8 años, las atribuciones de verificación han sido ejercidas por el INVEA, el cual debe su existencia a la necesidad de establecer un procedimiento de verificación eficiente, especializado, integral y transparente, sin embargo, desde su creación en 2010 ha estado rodeado de múltiples críticas y dudas sobre su eficacia, de hecho, hoy es posible afirmar que este Instituto no cumplió con el objetivo.
Agregó, que en 8 años se le destinaron al INVEA alrededor de 2 mil 893.8 millones de pesos, lo anterior con incrementos anuales que le permitieron llegar a contar con 364 por ciento más de recursos en el 2018 que en el momento de su creación.
Las cifras mencionadas, cruzadas con los resultados y la opinión pública, nos permiten concluir que, en efecto, el INVEA carece de toda viabilidad.
Con la desaparición del INVEA, se plantea que el Instituto ponga a disposición de las alcaldías la plantilla de servidores públicos con los que cuenta y que tengan la calidad laboral de verificadores para que previa evaluación pasen a ser personal de las mismas.
De igual manera se propone que la Jefa de Gobierno transfiera a las alcaldías los recursos para el pago de la plantilla laboral de verificadores que le sean adscritos. En cuanto al personal que realiza verificaciones en materia de transporte, éstos deberán ser trasladados a la Secretaría de Movilidad.
“Con esta propuesta se busca por un lado, evitar que las normas secundarias vayan en contra de la Constitución Local, pues hoy la Ley del INVEA contiene disposiciones contrarias a las facultades que expresamente otorga el texto fundamental a las Alcaldías, en materia de verificación administrativa”.
Y por otro lado, con esta acción se busca evitar la duplicidad de funciones que en algunos casos, como éste, realizan de manera simultánea distintos órdenes de gobierno, que además de generar una molestia a los ciudadanos, engrosa un aparato burocrático que definitivamente se puede ahorrar atendiendo a la política de austeridad necesaria para nuestra Ciudad.