Urge que GCDMX clarifique operación del programa emergente Mercomuna; Dip. Gabriela Salido

De acuerdo con lo anunciado esta semana, el Gobierno de la Ciudad de México y diversas alcaldías otorgarán vales quincenales por un monto de 350 pesos para alimentos a personas beneficiarias del programa Liconsa durante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, esto a través del programa denominado MERCOMUNA.

Se prevé que las alcaldías aportarán alrededor de 500 millones de pesos para beneficiar a familias en 536 lecherías en toda la ciudad.

Hasta el día de hoy participan 14 de las 16 demarcaciones territoriales.

Quienes no participarán son Venustiano Carranza y Benito Juárez, ésta última debido a que actualmente ya desarrolla programas de apoyo similares.

“Aunque se nos dice, aclara Salido Magos, que este programa tiene la intención de hacer un poco más llevadera esta época de incertidumbre económica, nos preocupan algunos detalles de su implementación.”

“En primer lugar, creemos que existe falta de claridad y certeza jurídica en la entrega de los vales, ya que hasta el momento no existe una publicación oficial, en donde se aclaren las Reglas de Operación de éste; lo cual no es algo menor, ya que estas reglas nos darán certeza jurídica para que los recursos y apoyos no se destinen de manera discrecional como es el sello característico de esta administración.”

Hasta el momento, el planteamiento es que a través de los padrones de beneficiarios de Liconsa se haría dicha entrega, sin embargo, cada una de las Alcaldías está definiendo el procedimiento y la documentación necesaria para acceder a dicho beneficio, lo que origina un desorden en la designación de los recursos, sin contar en que no se tendrían parámetros exactos de medición del impacto que alcanzarían este tipo de programas en beneficio de la población.

Es de destacar, “que al involucrar a un ente como Liconsa debería bastar con acreditarse como beneficiario de su programa de Abasto Social de Leche, y no darle más cargas administrativas a las y los ciudadanos en estos tiempos tan complicados, como lo es recabar y entregar documentación, simplemente no tiene sentido duplicar un trámite”.

En este orden de ideas, la Diputada Gabriela Salido, aseguró en conferencia de prensa virtual, “la insistencia por parte de los gobiernos locales en este punto, hace pensar que existen más bien intenciones perversas de utilizar este tipo de acciones con fines clientelares, lo cual es completamente inaceptable”, y recordó el caos originado por la entrega de pantallas planas que el ex presidente Enrique Peña, la cual se vio ensuciada por el otorgamiento discrecional y a veces duplicado de este beneficio a familias que no lo necesitaban.

“Para evitar esto, debiéramos estar presenciando acciones masivas y contundentes por parte de la Secretaría de la Contraloría para garantizar la correcta operación de este programa, sin embargo, no hemos visto tales esfuerzos”.

Por lo que llamó a la Función Pública y de la Contraloría de la CDMX a que acompañe este proceso administrativo, a las Alcaldías a que transparenten el origen del recurso y que hagan una reprogramación presupuestal adecuada para no afectar programas prioritarios previstos para este año, y al Gobierno de la Ciudad para que muestre los convenios celebrados con Liconsa y las Alcaldías.

Ya para concluir, recordó que es responsabilidad de todas y todos garantizar la salud de las personas, por lo que reiteró el llamado a continuar con las medidas de seguridad necesarias por el bien de la ciudadanía y combatir la desinformación.

Destacando, que el gobierno debería hacer uso de las nuevas tecnologías para facilitar a las personas el acceso a este programa emergente, evitando en la medida de lo posible su exposición innecesaria, hizo referencia al anuncio por parte de la Alcaldía Magdalena Contreras para que aquellos comerciantes que deseen incorporar a sus negocios dentro de los comercios en donde se pueden canjear los vales, deberían acudir a la explanada de la Alcaldía a realizar el trámite.

Convocatoria que contradice al propio Gobierno de la Ciudad, que prohibió las reuniones de más de 25 personas.

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